21 Dic Así prevé la propuesta de ley española promover la transparencia y reformar el Código Penal para luchar contra la corrupción
El grupo parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados presentó en septiembre de 2016 una propuesta para formular un plan integral de lucha contra la corrupción.
El conjunto de leyes y normas del Estado español no cuenta hasta la fecha con un texto que tenga en cuenta esta lacra desde una perspectiva unificada y global.
La promoción de la transparencia y una reforma en el Código Penal son dos de las bases del proyecto, que todavía está en fase de tramitación. El resto de grupos, de hecho, han presentado ya más de 300 enmiendas, puesto que la propuesta presenta algunas lagunas.
En lo relativo a transparencia, la futura ley plantearía nuevas medidas en materia de publicidad y transparencia del sector público. Entre ellas, la obligación de que las administraciones públicas difundan, junto con sus planes de actuación y objetivos:
- Un inventario de entes dependientes de las mismas.
- Su presupuesto anual y las retribuciones de sus empleados.
- Las agendas de actividad institucional y de trabajo de los miembros del Gobierno y altos cargos.
- La relación del personal de confianza o asesoramiento especial de cada departamento.
- La información de las campañas de publicidad institucional que hayan promovido o contratado, indicando el coste de las mismas, los adjudicatarios y el plazo de ejecución.
Del mismo modo, en materia de contratación pública, el proyecto de ley amplía la información que debe ser publicitada, entre la que destaca:
- Una mejor identificación de las entidades contratantes.
- La identidad de los miembros de las juntas y mesas de contratación.
- Los informes técnicos de valoración de las ofertas.
- Los instrumentos a través de los que se ha publicitado el contrato.
Por otra parte, el proyecto de ley pretende la modificación del Código Penal en los siguientes términos:
- Punición de la autoridad o funcionario público que, durante el ejercicio de su cargo, experimente un incremento en sus bienes o patrimonio que no pueda justificar.
- Ampliación de la responsabilidad civil a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales por los delitos cometidos por sus empleados, representantes, gestores, personas autorizadas o cargos orgánicos en el desempeño de sus actividades.
- Inclusión del decomiso de las ganancias obtenidas por el condenado por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude o exacciones ilegales.
En materia procesal penal, se propone igualmente una importante modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se modificaría el polémico artículo 324 relativo a los plazos máximos de instrucción (6-18 meses), figura que desde su creación en 2015 ha provocado el rechazo unánime de todos los actores jurídicos. Así, el proyecto de ley promueve la eliminación de esos plazos máximos de investigación de las causas penales, y deja al criterio del juez o de la jueza la conclusión de la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad.
Finalmente, en materia de indultos, el proyecto de Ley excluye la condonación de la pena a los condenados por delitos de financiación ilegal de los partidos políticos, o contra la Administración Pública, así como aquellos cometidos contra la Hacienda Pública o contra la Seguridad Social.
De superar la fase de tramitación (y subsanar sus lagunas), este proyecto puede constituir un importante avance en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en la legislación española.
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