Caso Blasco: así fue el juicio a la trama corrupta que asaltó la cooperación valenciana

13 Nov Caso Blasco: así fue el juicio a la trama corrupta que asaltó la cooperación valenciana

24 acusados, 72 testigos, 2 peritos y 28 sesiones. Son algunas de las cifras del segundo juicio del caso Blasco, que se celebró en la sección quinta de la Audiencia de Valencia entre el 6 de mayo y el 29 de julio. Los principales procesados fueron Rafael Blasco, ex consejero de Solidaridad; Marc Llinares, ex jefe de área de Cooperación; y el empresario Augusto César Tauroni. Las acusaciones los situaron en la cúspide de una trama corrupta que se apropió de al menos 3,2 millones de los casi 5,7 concedidos a una veintena de proyectos de Cooperación al Desarrollo entre 2009 y 2011. Además de otros 177.000€ para una supuesta oficina técnica encargada de preparar la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto que devastó aquel país en enero de 2010. El proyecto llegó a convocarse por 5 millones y adjudicarse a una de las entidades de la trama, pero el estallido del escándalo en los medios frustró su desarrollo.

Este juicio cerró una etapa más de un caso que comenzó en octubre de 2010 tras las querellas de las entonces diputadas autonómicas Clara Tirado y Mireia Mollà, del PSPV-PSOE y Compromís respectivamente. El 23 de febrero de 2012 se desencadenó la operación Oswald, que supuso la detención de algunos de los principales acusados. La causa se inició en el juzgado de instrucción 21 y pasó al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) por la condición de aforado de Rafael Blasco, entonces portavoz del Partido Popular en Les Corts. Entre enero y marzo de 2014 se celebró la vista de la primera pieza, relativa al desvío, en 2008, de 1,66 millones de dos proyectos de soberanía alimentaria en Nicaragua, donde apenas llegaron unos 48.000€. El TSJCV, y más tarde el Tribunal Supremo, condenaron a Blasco, Tauroni y otros cinco acusados a diversas penas de cárcel. En julio de 2015, el político ingresó en el centro de Picassent para cumplir seis años y medio de prisión.

La instrucción del grueso de la causa, de nuevo en Instrucción 21, siguió su curso y se señaló el segundo juicio pese a los acuerdos de conformidad que fue alcanzando la Fiscalía con 19 de los 24 acusados y que implican sustanciales rebajas de penas. En el caso de Blasco y Llinares, de 16 años a 3 años y 3 meses de prisión. Y de 21 años y 6 meses a 3 años y 6 meses para Tauroni. Todo ello a cambio de reconocer los hechos y una reparación del daño muy por debajo de las cantidades sustraídas. Ni la acusación particular, representada por la Abogacía de la Generalitat, ni la acusación popular, sostenida por la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD), validaron estos pactos al tacharlos de “insuficientes y de mínimos”.

El contenido de los acuerdos, pero sobre todo las pruebas practicadas, los informes periciales y los numerosos testimonios durante el juicio afianzan el relato del saqueo.

Una trama, cuatro niveles

En diciembre de 2009 Arcmed y Dinamiz-e, dos empresas vinculadas a Augusto Tauroni, crearon la Fundación Solidaria Entre Pueblos (FSEP), que más tarde pasó a llamarse Hemisferio tras la denuncia, por apropiación del nombre, de la histórica Entrepobles. El objetivo de Tauroni era acceder al dinero de las convocatorias de Cooperación, pero al no disponer del tiempo mínimo de constitución requerido por ley, se dedicó a captar pequeñas entidades sin apenas estructura, pero capaces de suplir este requisito. Así se estableció el primer nivel de la trama: estas ONG optaban a las convocatorias, pero la FSEP estaba detrás.

De este modo Fudersa, entre 2009 y 2010, alcanzó seis subvenciones de grandes proyectos y otra de sensibilización hasta sumar 1.842.536,19€ para planes de soberanía alimentaria en República Dominicana. Su presidente, el acusado Rafael Barrera, explicó que de las empresas y la relación con la conselleria se encargaba la FSEP. “Yo solo supervisaba”, subrayó. Por su parte, Asade África logró 798.816,08€ para tres proyectos: dos en Camerún y otro en Mauritania. Christine Bernardette, a cargo de la entidad, denunció que su participación “era de fachada” y “el dinero iba para un sitio y aparecía en otro”. Algo similar a lo declarado por Apolonio Mba Ondo, de Ceiba, que recibió 981.355,75€ en dos subvenciones para reducir el SIDA en Guinea Ecuatorial y otra más para empoderar a madres adolescentes en Paraguay. “Arturo [Tauroni, hermano de Augusto] se encargó de todo, lo que decía lo firmábamos”. “Yo no sabía ni que era un proyecto de cooperación”, apuntó. Otra entidad muleta fue Esperanza Sin Fronteras, con 1.102.773,97€ para tres subvenciones en Perú y una cuarta en Tailandia. Por su parte, María Vicenta Pons, de Asamanu, renunció a su proyecto de 232.148,84€ en Senegal tras conocer un pago de 60.000€ a su nombre, desde la FSEP, a una constructora por trabajos inexistentes en una escuela.

Según los informes periciales, estos proyectos eran objetivamente no subvencionables al tratarse de entidades sin recorrido ni experiencia, con equipos bajo mínimos e incapaces de asumir trabajos de tal envergadura. Pero en un segundo nivel, la trama obraba una minuciosa operación de estética a través del filtro de una evaluadora externa que aportaba una teórica imagen de transparencia e independencia. En 2008 fue adjudicada a la UTE conformada por Caaz (del acusado Luis Fernando Castel Aznar) y Biconsulting, dependiente del despacho de abogados Broseta. Tras una prórroga de un año, la nueva licitación recayó en Expande, empresa recién creada por Castel, por tanto sin la experiencia mínima exigida. Tanto en ésta como en Caaz se manipulaban los ranquin en favor de las entidades vinculadas a la trama para que pudieran ser subvencionadas.

Una labor que ejercía en coordinación con Marc Llinares, jefe de área de Cooperación y principal protagonista del tercer nivel de la trama, instalado en las mismas entrañas de la conselleria, donde se aplanó el camino, con el beneplácito de Rafael Blasco, para el asalto al dinero de Cooperación. Para ello fue necesario modelar una plantilla dócil. Tres técnicas fueron removidas de sus puestos al ser acusadas de filtrar información y otro más renunció después de que, contra su criterio, la FSEP se hiciera con un convenio de 415.000€ para instalar centralitas telefónicas en Guinea. Asimismo la directora general de Cooperación, Pilar Collado, dimitió tras oponerse a que, en la convocatoria de 2010, es subvencionara holgadamente a entidades sin trayectoria como Fudersa, Asamanu o Asade. Blasco no solo no indagó sobre esta queja, sino que promovió la Fedacod, una coordinadora de entidades de codesarrollo donde agrupar a estas organizaciones satélites e intentar mitigar, de paso, las críticas de la CVONGD.

Con todas la trabas superadas, desde un cuarto nivel aparecían una serie de empresas vinculadas a Augusto Tauroni que facturaban sumas desorbitadas por trabajos que no se efectuaban, la mayoría bajo conceptos de capacitaciones, insumos o estudios topográficos. Primero fueron Arcmed, Dinamiz-e o Desfa, pero después Tauroni creó al menos siete firmas en Estados Unidos para diversificar su oferta fraudulenta. A ellas se añadía un conglomerado de pequeñas sociedades que emitían facturas falsas por cantidades que después extraían por ventanilla y entregaban en mano a trabajadores de la FSEP. Los peritos señalan que con este procedimiento Tauroni se embolsó cerca de la mitad del dinero subvencionado y una parte la destinó a comprar dos apartamentos de lujo en Miami.

Haití, el negocio roto

El 12 de enero de 2010 un terremoto de 7 grados en la escala Richter arrasó Haití dejando 316.000 muertos y 1,5 millones sin casa. En Valencia se activó el Comité Permanente de Ayuda Humanitaria (CAHE), conformado por las principales administraciones valencianas y las desaparecidas Bancaixa y CAM. Su labor era apoyar proyectos en casos de emergencia como el de Haití. El 3 de febrero de ese año, durante una sesión extraordinaria del CAHE, el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el conseller Rafael Blasco, propusieron destinar toda la ayuda a construir una micro-ciudad. Además, la conselleria abrió dos cuentas de solidaridad que no tardaron en reunir 177.779,19€.

Pero la idea de micro-ciudad pronto chocó con la realidad de un país sumido en el caos, por lo que, tras contactar con el delegado del gobierno en Jacmel, en el sur del país, se optó de forma unilateral por edificar un hospital en Belle Anse, a 70 quilómetros de aquella localidad. Para preparar el terreno se consignaron por convenio, es decir a dedo, a la FSEP los 177.779,19€ recaudados. Tras esta decisión estaban Blasco, Llinares y Josep Maria Felip, nuevo director general tras la marcha de Pilar Collado, quien, en lo sucesivo, ya no convocaría a ONGDs a las reuniones del CAHE para evitar presencias incómodas. Los numerosos testigos durante el juicio de técnicos de entidades de ayuda humanitaria lamentaron lo irregular de la situación. “Era la primera vez que se iba a financiar algo que no provenía de las ONG, era el mundo al revés”, señaló Carmen Palazón, entonces jefa de área del Fons Valencià per la Solidaritat, miembro del CAHE. Y para Fernando Contreras, delegado valenciano de Intermon-Oxfam, “construir un hospital no es la primera necesidad tras un urgencia, sino algo a largo plazo”.

Pese a ello, el 30 de agosto de 2010 el ministro haitiano de salud, Alex Larsen, y Rafael Blasco firmaron en el país antillano el “Memorando de entendimiento entre la Generalitat Valenciana y la República de Haití”. El documento apuntaba un monto de 6’4 millones que después quedarían en 5. Ese mismo día Tauroni ya pensó en Esperanza Sin Fronteras (ESF) como la pantalla tras la cual capitalizar un proyecto que primero se pensó por convenio, pero que tras la salida de la trama a la luz pública, el 6 de octubre 2010, mutó a una convocatoria pública que las acusaciones consideran amañada. Además de ESF se presentaron como meras comparsas Fuden y Sotermun, cercanas al Partido Popular. Esta última se retiró a última hora y ESF logró una subvención que quedó congelada tras las elecciones de junio de 2011 y la desaparición de la conselleria de Solidaritat. Los correos intervenidos a Arturo Tauroni revelan que tres empresas de su hermano Augusto en EE.UU. tenían previsto facturar 2,25 millones, cantidad que, supuestamente, la trama pretendía obtener en limpio.

Una presidenta de la Audiencia por el camino

Durante la vista, acusaciones y defensas reafirmaron sus posiciones. El fiscal Jesús Carrasco defendió los acuerdos y admitió sentirse “espeluznado” por la afinidad entre Blasco y Tauroni. Por su parte, María José Rodríguez, de la Abogacía de la Generalitat, aseguró: “Tenemos tantas pruebas que es inútil la confesión”. Acto seguido solicitó una responsabilidad civil por el total del dinero asignado, ya que, apuntó, “ninguna de esas subvenciones debió concederse”. Y se mostró crítica con buena parte de los bienes aportados por los acusados, ya que estarían embargados desde la sentencia de la primera pieza. Finalmente, Raúl Vidal, de la CVONGD, censuró el “gran negocio” en el que se convirtió la conselleria, por lo que pidió al tribunal “no hacer un corta y pega de conformidades”. En el lado contrario, las defensas argumentaron que las decisiones de la evaluadora no eran vinculantes, por lo tanto sin validez aunque se hubieran manipulado. E insistieron que, en mayor o menor grado, se ejecutaron los proyectos y que no es posible determinar el importe defraudado y la responsabilidad civil porque éstos no se han cerrado, ya que fueron incautados por la policía.

Unos y otros se emplearon a fondo por intentar influir en el tribunal, cuyo presidente, José Antonio Mora Alarcón, forma parte de la Asamblea General de Jueces, grupo moderado y crítico con el ex ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz Gallardón, por su resistencia a despolitizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Junto a él está Esther Rojo Beltrán, de la muy conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en la órbita del núcleo duro del PP. Rojo fue nombrada presidenta de la Audiencia de Valencia a finales del pasado mes de julio, coincidiendo con las últimas sesiones del juicio. En tercer lugar, Mireia Albert actuó como Magistrada Suplente y su experiencia penal está vinculada a un postgrado en Corrupción y Blanqueo de Capitales.