08 Ene Caso Blasco: Hablan entidades ciudadanas y sindicales ante la inminente sentencia del segundo juicio
Pocos procesos judiciales son capaces de mantener un atención, más o menos elevada, entre la opinión pública. Uno de ellos es el caso Blasco. Y lo es por lo sintético a la par que rechazable de su contenido: robar el dinero de los fondos de Cooperación Internacional en beneficio de una trama corrupta. Es lo que ocurrió entre 2008 y 2011 en la conselleria d’Immigració i Ciutadania (más tarde de Solidaritat), dirigida por Rafael Blasco, político de larga trayectoria primero en el PSPV-PSOE y después en el PP. El abordaje a una veintena de proyectos para el desarrollo de países pobres procuró a esta red delictiva un botín de cerca de 7 millones de euros.
Un caso también conocido por su largo recorrido. El salto a la luz pública se produjo en octubre de 2010, generando centenares de titulares a lo largo de más de siete años de una instrucción que ha dejado dos juicios, 28 acusados y, de momento, 9 condenados, entre ellos el propio Rafael Blasco a seis años y medio de cárcel. La primera vista se celebró entre enero y marzo de 2014. Y la segunda entre mayo y julio de 2019. La sentencia sobre esta última es inminente, ya que su ponente, José Antonio Mora Alarcón, ha sido nombrado presidente de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, cargo que asumirá previsiblemente este mismo enero tras la publicación del fallo.
El Observatori Ciutadà contra la corrupció ha querido abrir el foco e ir más allá del colectivo de ONGD a la hora de conocer las opiniones que entre la sociedad civil valenciana ha suscitado este caso. ¿Cómo han vivido el segundo juicio? ¿Por qué fue posible un caso de corrupción de tal magnitud? ¿Podría repetirse? Son algunas de las cuestiones planteadas a cinco representantes de entidades sociales, ciudadanas y sindicales de referencia.
Juicio sin fulgores
La segunda vista no generó la misma expectación ni repercusión mediática que la primera. Entonces, en enero de 2014, la imagen del Partido Popular valenciano, aún en el Govern, se había deteriorado tras el estallido de casos de corrupción como Gürtel, Brugal, Fabra o Blasco, que acabarían socavando sus cimientos. El de Blasco fue el primer gran juicio contra la corrupción del PPCV tras el preámbulo que supuso el conocido como caso de los Trajes, que precipitó la dimisión de Francisco Camps como presidente de la Generalitat, aunque en enero de 2012 fue declarado no culpable por un jurado popular. “Era la novedad”, sostiene Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV, respecto al primer juicio a Blasco, “un caso especialmente vergonzoso”. Y cuyos fulgores se han ido apagando “porque ya no hay impacto”.
No opina lo mismo Vicent Maurí, portavoz de Intersindical, quien ve “un interés intencionado de la gente que al menos podía incidir políticamente” para mermar la atención sobre la vista. “Se ha querido tapar el tema, en política no creo en las casualidades”, señala acerca “del caso de corrupción más reprobable moralmente hablando: robar a gente que sufre hambre, que no tiene un médico”. Un indignación compartida por Fernando Móner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU): “Nos duelen todos los casos, pero este más porque ha ocurrido en un sector que lo hace todavía más increíble y que implica a personas que en el ámbito político siempre han estado en primera línea, lo que te genera este miedo”.
Tampoco han sentado muy bien los acuerdos alcanzados por la Fiscalía con los principales acusados, con rebajas de pena sustanciales así como de las responsabilidades civiles y contables para resarcir el dinero desviado. “La Fiscalía no debería haber llegado a acuerdos y menos en un tema así y con políticos que han estado muchos años en primera fila”, lamenta Maurí, para añadir que aquello que no sea “un castigo ejemplar” supone “una mala imagen de la justicia”. En la misma línea se pronuncia Isabel Barrajón, secretaria de movimientos sociales, cooperación y migraciones de CC.OO.: “No debería [el fiscal] haber firmado esos acuerdos, sino llegar hasta el final”. Por su parte, Móner, aconseja “confiar en la justicia, que trata de conseguir un fin mejor”. Y en cuanto a la recuperación del dinero, la solución de Juan Antonio Caballero, presidente de la Confederación de asociaciones vecinales y de consumidores de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) es que los acusados “respondan con su patrimonio”. “Si no el daño se convierte en irreversible y esto no puede suceder”, subraya.
Tiempos de impunidad y negocio
Los porqués de la impunidad ante aquel robo continuado, entre 2008 y 2011, tienen una explicación coyuntural. Vicent Maurí los sitúa en “los años de plomo del PP, de mayorías absolutas continuas y sin ningún tipo de reprobación social”, tras las numerosas denuncias de corrupción. “La derecha valenciana vivía una euforia extraordinaria, que era una mezcla de ilusión por hacer las cosas a su modo y la oportunidad de sacar ventaja”, añade Juan Antonio Caballero, quien traza con detalle la fotografía del momento: “Fue un tiempo de mayoría absoluta en la Generalitat, las tres diputaciones, las tres capitales y el segundo escalafón de los municipios más importantes”. El diagnóstico es claro para Caballero: “El poder que se acumula es espectacular y eso abona la corrupción”. De hecho, abunda Maurí, “era cuando Camps decía que las urnas le absolvían”. Una burbuja hinchada por la impunidad que acabó reventando en buena parte, explica Ismael Sáez, por otro golpe de coyuntura: “Se vivían las tasas de paro más duras, que llegarían a su cenit en 2013, con muchos recortes y exigencias de sacrificios a la gente, era la punta del iceberg”. Un iceberg que se hizo añicos tras la victoria de las fuerzas de izquierda en las elecciones de mayo de 2015 que desalojó al PP de la Generalitat tras 20 años en el poder gracias al acuerdo del Botànic, que se reeditó en mayo de 2019.
Entre los controles y el olvido
Tras el largo camino del caso Blasco, la pregunta es inevitable: ¿Podría volver a ocurrir un caso similar? Para Vicent Maurí, de Intersindical, el cambio político “ha propiciado que se hayan abierto muchas puertas y ventanas”, además de haber “un mayor control”. En ese sentido enumera entidades como la conselleria de Transparencia o la Agencia Valenciana Antifraude, “a la que es necesario dotar de más recursos materiales y de plantilla”. No obstante, según Juan Antonio Caballero, de CAVE-COVA, “también se da una hipocresía, una doble moral”, ya que se exige mucho a los políticos, “pero si puedo no pago el IVA al fontanero, tengo a la señora de la limpieza sin contrato o intento engañar a Hacienda”.
“Espero que estemos vacunados, que hayamos desarrollado anticuerpos”, prosigue Caballero, aunque sin dejar de lado que el nivel de corrupción en la Administración “es similar al de la sociedad, ya que los políticos no son extraterrestres”. Un escepticismo coincidente con el de Isabel Barrajón, de CC.OO., quien no cree demasiado en vacunas, pese a la evidencia “de mayores cortafuegos” en lo público. “Tendemos a olvidar demasiado pronto”, advierte. Además, según Fernando Móner, de Avacu, “el riesgo cero no existe, pero sí se puede reducir”. Sobre esto, Vicent Maurí, de Intersindical, concluye con una aportación: “El poder absoluto de un partido durante 20 años no es bueno y que no existan mayorías absolutas aleja la tentación de comportamientos tan miserables”.
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