Caso Blasco: la Generalitat Valenciana y las oenegés solicitan una “sentencia justa” que no sea “un corta y pega” de las conformidades | Observatori Ciutadà contra la Corrupció
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Caso Blasco: la Generalitat Valenciana y las oenegés solicitan una “sentencia justa” que no sea “un corta y pega” de las conformidades

Caso Blasco: la Generalitat Valenciana y las oenegés solicitan una “sentencia justa” que no sea “un corta y pega” de las conformidades

Sin apenas matices ni grandes cambios y con ciertas revelaciones polémicas de última hora. Así transcurrió la lectura de los informes finales de las tres acusaciones y las defensas de los principales acusados. Este lunes finalizó el segundo juicio del caso Blasco, que se ha dirimido en la sección quinta de la Audiencia de Valencia desde el pasado mes de mayo hasta completar 28 sesiones por las que han pasado cinco acusados (los únicos que quisieron declarar), 72 testigos, un perito de la Agencia Tributaria y un interventor del Estado. Tras los informes finales de los 23 abogados de la defensa, el tribunal ofreció la última palabra a los acusados -13 de ellos la utilizaron- y el juicio quedó visto para sentencia.

 

Los marineros no comen chopped

El primero en leer su informe fue el fiscal anticorrupción, Jesús Carrasco, quien se acogió a los acuerdos de conformidad alcanzados con 19 de los 24 acusados, entre ellos, con los principales miembros de la trama: Rafael Blasco, Augusto Tauroni y Marc Llinares. Fruto de los pactos, y a cambio de un reconocimiento tardío de los hechos, Carrasco rebajó la solicitud de pena de prisión para Blasco y Llinares de 16 años a 3 años y 3 meses; y de 21 años y 6 meses a 3 años y 3 meses en el caso de Tauroni.

El fiscal admitió haber tenido que realizar “desnudos por exigencias del guión”, el de los propios acuerdos, al no poder ir más allá pese al “acervo probatorio ingente e incontestable”. En este sentido, admitió sentirse “espeluznado” por la afinidad entre Blasco y Tauroni puertas adentro de la Conselleria “para hacer negocio valiéndose de sus relaciones de amistad”. Para ello situó como eje la Fundación Solidaria Entre Pueblos (FSEP), entidad que el propio Tauroni dirigía desde la sombra y que, según el fiscal, se parecía a una oenegé “como el jamón al chopped”. Por último, respecto a la responsabilidad civil, señaló que quien debe fijar esta cuantía, como perjudicada, es la Generalitat. “Donde manda patrón, o patrona, no manda marinero”, apuntó en referencia a María José Rodríguez, abogada de la Generalitat, que ejerce la acusación particular, lo que provocó malestar entre las defensas, ya que las sumas acordadas con Carrasco son muy inferiores a los 5.035.942,45€ apuntados finalmente por la Generalitat.

 

“Nada nuevo, solo confundir”

Precisamente, Rodríguez rechazó buena parte de los bienes aportados por los acusados en esta causa al considerar que ya están embargados a raíz de las condenas de la primera pieza. Es el caso de los dos apartamentos y el yate de Augusto Tauroni en Miami, el chalet en Dénia de Marc Llinares o la mansión de Rafael Blasco en la Barraca de Aigües Vives. Este último añadió in extremis a los acuerdos con el fiscal un local en el centro de Valencia que tasó en 619.226,13€, aunque desde la Conselleria de Hacienda rebajaron la cifra a 218.367€. “No satisfacen a la Generalitat Valenciana, no los consideramos atenuantes de la reparación del daño; no hay nada nuevo, solo intentan confundir”, apostilló Rodríguez, quien solicitó al tribunal una cuantificación definitiva que evite dudas a la hora de recurrir al Tribunal de Cuentas.

Acto seguido añadió: “Y tenemos tantas pruebas que es inútil la confesión”. Según Rodríguez existen multitud de llamadas telefónicas intervenidas entre los principales acusados y correos electrónicos con documentos adjuntos tan explícitos como “Escandallo” (sic), donde se cifra el coste real y el manipulado de las intervenciones de la FSEP y sus entidades satélites. A continuación, Rodríguez describió de forma gráfica la estructura de la trama, “que se va consolidando a finales de 2010”, donde “Blasco acuerda, Llinares elimina las trabas y los hermanos Tauroni [Augusto y Arturo] dirigen; Luis Castel [a cargo de la evaluadora externa que puntúa los proyectos] ejecuta”. “Es una organización criminal”, sintetizó.

 

“Robo a manos llenas”

En la misma línea que Rodríguez y con gran profundidad de detalles y pruebas. Así fue el informe de Raúl Vidal, abogado de la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD), que ejercita la acusación popular. Para Vidal, “Rafael Blasco es el gran jefe de esta trama, quien quería continuar haciendo negocios con Tauroni”. Y subrayó: “Para ellos la Conselleria ha sido un negocio para robar el dinero de la Cooperación”. Por este motivo, según Vidal, crearon “una organización falsa”, la FSEP, que se dedicó “a captar organizaciones pequeñas, sin recorrido, fácilmente manipulables”. Para el letrado, Ceiba, Asade y Asamanu fueron instrumentalizadas. Y Fudersa y Esperanza Sin Fronteras (ESF) “conocen y colaboraron con la trama”.

El motivo de buscar entidades satélites sería doble. Por un lado, la FSEP no cumplía los requisitos de antigüedad ni experiencia previa y, además, se trataba de diversificar las subvenciones para que, según Vidal, no pareciera raro que todo se lo llevaba la FSEP. Algo similar ocurrió con el montaje de un entramado de empresas paralelo, con firmas como Matuscas, Chust Alzira, Gestión Solar Pobla o Beconsa, entre otras, y así evitar derivar todo hacia las mercantiles de Augusto Tauroni en España y Miami. La tercera pata de la trama, explicó Vidal, la conformaría la evaluadora externa, primero adjudicada a la UTE Caaz-Broseta y luego a Expande, pero siempre con Luis Castel como director y encargado de manipular puntuaciones en favor de las entidades de la trama y ofrecer así una falsa imagen de legalidad y libre concurrencia.

Por otro lado, Vidal destacó que ha quedado acreditado que Llinares y Blasco recibieron dinero. Durante un viaje del primero a Miami abrió una cuenta bancaria donde en verano de 2011 Tauroni le ingresó diferentes sumas a las que refería como “huevos”. En correos posteriores se evidenció, según Vidal, que Llinares recibió 350.000€. Con más cautela, apostilló el letrado, actuaba Rafael Blasco, de quien sospecha que del numeroso intercambio de sobres entre su secretaria y la de la FSEP había dinero. “Si Llinares ha cobrado 350.000, ¿qué ha cobrado el jefe?”, cuestionó.

Por último, Vidal se refirió a la reparación del daño: “Nos ofrecen bienes que ya están embargados por nosotros, ¿estamos locos?”. Y criticó el local ofrecido por Blasco, “una dación en pago como si la Generalitat fuera una inmobiliaria”. Sobre este bajo comercial, propiedad de Debora Salom, hijastra de Blasco, el representante de las oenegés indicó que está alquilado hasta 2021 a una casa que publicita masajes eróticos por internet en ese mismo domicilio. “Es el último escándalo de Blasco, a la altura de todo este procedimiento”, lamentó antes de concluir solicitando al tribunal “una sentencia justa, que no sea cómoda, que no corte y pegue conformidades en un supuesto vergonzoso de corrupción y robo a manos llenas de forma grotesca”.

 

Circo y venganza

Por su parte, las defensas de los principales acusados se aliaron en torno a un mismo frente común de criterios y demandas. “Son los tres tenores”, definió José Vicente Frasquet, abogado de Fernando Darder, en referencia a Javier Boix, José Vicente Gómez Tejedor y José Calatayud, letrados de Rafael Blasco, Augusto Tauroni y Marc Llinares, respectivamente. La primera crítica fue para la denuncia pública realizada minutos antes por Vidal de la dación en pago de un local con masajes eróticos incluidos. El principal aludido, Javier Boix, aseguró que se trata de un caso “propio de mentes retorcidas”. “Se trata del bien de un familiar y no hay más, me da igual a quién esté alquilado, ya que la mala intención no está incluida”, lamentó antes de criticar: “No quieren recuperar lo que se les ofrece…, pues que no lloren”.

En ese sentido denunció a las acusaciones, en especial a la popular, de instigar “un circo”, “una venganza”, “un linchamiento”, “un vapuleo bajo aplausos”. Una enumeración con conclusión final: “Por eso nos reafirmamos en pedir las costas del juicio”. Por otro lado, Boix negó la amistad entre Blasco y Tauroni y definió a su cliente como alguien que llegó a la Cooperación para organizarla, ayudar a los inmigrantes y promover un hospital en Haití, frente a la actual “maledicencia pública”. “El linchamiento no va a acabar nunca, eso él y yo lo sabemos”, acotó. Y en cuanto a aspectos puramente jurídicos, manifestó que esta pieza “es cosa juzgada, una coincidencia penal fáctica, ya que no puede ser que se juzgue a una persona por los mismos hechos en distinto proyectos”. Y concluyó solicitando “una sentencia a derecho y no a la venganza, el populismo y el lío”.

En la misma dirección se pronunció Gómez Tejedor a la hora de defender a Augusto Tauroni. “Si no tuviéramos firmada una conformidad llegaríamos a la conclusión de que no hay pruebas suficientes”, apuntó y justificó este pacto porque su cliente “ha pasado a pulso seis años en prisión, sin ninguna progresión de grado”, lo que provoca que el temor “a lo peor haya sido superior a la posibilidad de lo mejor”. Y argumentó que en mayor o menor medida “se han ejecutado los proyectos” y que resulta imposible determinar la responsabilidad civil porque éstos no se han cerrado y no ha podido ser cuantificado el importe defraudado. “Si no existe cuantificación del perjuicio económico, no hay delito de malversación, prevaricación y satélites”, explicó.

Por otro lado, José Calatayud, abogado de Llinares, también solicitó costas a las acusaciones por 32 sesiones de “juicio innecesario, bronco y copero”. Y animó, irónicamente, a las acusaciones a ir al Tribunal de Cuentas: “No se atreven porque no han cerrado ni justificado los expedientes”. “¡Mira si vale la confesión tardía!”, prosiguió con tono vehemente para criticar que se considere a Llinares “el enemigo público número uno porque se salvó” en la primera pieza, donde, por un error, las partes olvidaron acusarle de prevaricación y falsedad documental, por lo que la condena por estos delitos no pudo hacerse efectiva.

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