La corrupción nos afecta a todos, a nivel local, nacional e internacional y plantea el desafío de intentar combatirla. La corrupción socava la democracia y el estado de derecho, conduce a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, merma la calidad de vida y facilita la propagación de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas contra la libertad y la seguridad.
La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNNUCC) trata de fortalecer las medidas preventivas y combatir la corrupción de forma eficiente, facilitar la cooperación internacional en la lucha contra el fraude y promover la integridad y la correcta gestión de los asuntos y bienes públicos.
La CNUCC es la más exhaustiva de todas las convenciones contra la corrupción. Fue creada en Nueva York en el año 2003 y firmada por España en el año 2005. En el año 2020 existían 187 países firmantes de la misma.
La CNUCC establece estándares, políticas, procesos y prácticas comunes para respaldar las iniciativas contra la corrupción en el ámbito nacional. También facilita la cooperación internacional, al armonizar los marcos jurídicos e institucionales para la aplicación normativa y establecer mecanismos de cooperación.
Si bien la CNUCC especifica delitos vinculados con corrupción, no incluye una definición de la corrupción. Esto supone algunas ventajas, ya que no limita las actuaciones que pueden ser consideradas como corrupción.
La CNUCC, pone en marcha una serie de medidas preventivas contra la corrupción en diferentes ámbitos:
1. Políticas y prácticas preventivas de la corrupción.- Aplicar políticas eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad, la correcta gestión de los bienes y asuntos públicos y la transparencia. Fomentar prácticas eficaces contra el fraude y comprobar su eficacia periódicamente. Los Estados deben colaborar entre sí y con las organizaciones internacionales en la materia.
2. Órganos de prevención.- Crear órganos encargados de prevenir la corrupción, y asegurar su independencia y la disponibilidad de recursos para que efectúen su labor.
3. Sector público.– Adoptar sistemas de selección y contratación de empleados públicos asegurando la transparencia del proceso, la formación del profesional para realizar su trabajo de forma correcta y honorable, y que obtengan una remuneración adecuada. Establecer criterios para la elección de cargos públicos conforme a los objetivos de la Convención y aumentar la transparencia en la financiación de los partidos políticos.
4. Códigos de conducta.- Promover la integridad y responsabilidad de los funcionarios públicos mediante códigos de conducta. Establecer mecanismos para que los funcionarios denuncien todo acto de corrupción. Establecer sistemas para que declaren sus actividades externas, activos y regalos que puedan dar lugar a un conflicto de intereses. Adoptar medidas disciplinarias contra todo funcionario que transgreda los códigos.
5. Contratación pública y gestión de la hacienda pública.- Establecer sistemas de contratación pública basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos. Promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública, y preservar la integridad de los registros contables u otros documentos relacionados con los gastos e ingresos públicos, previniendo su falsificación.
6. Información pública.- Aumentar la transparencia de la Administración pública:
- Instaurando procedimientos para acceder a información sobre la organización, su funcionamiento y los procesos de toma de decisiones.
- Simplificando los procedimientos administrativos para facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de tomar decisiones.
- Publicando información, incluidos informes periódicos sobre riesgos de corrupción.
7. Poder judicial y Ministerio Fiscal.- Adoptar medidas para asegurar su integridad e independencia, evitar la corrupción entre sus miembros y crear normas de conducta.
8. Sector privado.- Adoptar medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado, así como prever sanciones en caso de incumplimiento. Para ello:
- Promover la cooperación entre las entidades privadas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
- Crear normas y procedimientos dirigidos a salvaguardar la integridad de las entidades privadas, incluidos códigos de conducta.
- Promover la transparencia de las entidades privadas.
- Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan las entidades privadas.
- Prevenir los conflictos de intereses.
- Velar por que las empresas privadas tengan controles internos para prevenir y combatir los casos de corrupción.
- Adoptar medidas relativas al mantenimiento de libros y registros contables.
9. Participación de la sociedad.- Fomentar la participación activa de las personas y grupos no públicos en la lucha y prevención de la corrupción, y sensibilizar a la opinión pública respecto de la existencia, causas y gravedad de la corrupción:
- Aumentar la transparencia y promover la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.
- Garantizar el acceso público a la información.
- Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia hacia la corrupción.
- Promover la libertad de buscar, publicar y difundir información relativa a la corrupción.
- Garantizar que el público tiene conocimiento de los órganos existentes de lucha contra la corrupción.
10. Prevención del blanqueo de dinero.- Establecer un régimen de reglamentación y supervisión de las instituciones financieras para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, haciéndose hincapié en la identificación del cliente y beneficiario final de las transacciones y en la denuncia de actividades sospechosas. Garantizar que las autoridades encargadas de combatir el blanqueo cooperen e intercambien información en los ámbitos nacional e internacional. Establecer un organismo que actúe como centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero. Aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y bienes. Establecer y promover la cooperación a escala mundial entre las autoridades judiciales a fin de combatir el blanqueo de dinero.
