El germen de la Fiscalía Europea Anticorrupción surge a raíz de la aprobación, por todos los Estados miembros de la Unión Europea, del Tratado de Lisboa, en el que se recoge de forma clara la idea de crear una Fiscalía Europea para combatir las infracciones que perjudiquen los intereses financieros de la Unión, y para luchar contra la delincuencia grave en el ámbito de la Unión.
En el mes de enero del año 2008, se organizó un seminario internacional en la ciudad de Madrid, con la intención de estudiar esta nueva institución y las posibilidades de su puesta en marcha. Dicho seminario fue convocado por el Fiscal General del Estado en dicha fecha, Cándido Conde-Pumpido.
Más tarde, en el año 2009, la Fiscalía española creó un grupo de trabajo con la finalidad de elaborar un texto que sirviese de base para el proyecto de la Fiscalía europea. En junio del año 2009, se celebraron unas jornadas en la sede de la Fiscalía de Madrid, en la que, diferentes fiscales de toda europa y representantes de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) trataron de armonizar los diferentes modelos de Fiscalías vigentes en Europa.
Se llegó a la conclusión de que la Fiscalía Europea debía ser un organismo independiente y organizado de manera descentralizada, compuesto por un Fiscal General Europeo, diferentes Fiscales adjuntos y un número determinado de fiscales Europeos Delegados en cada estado miembro.
El 12 de Octubre del año 2017 se adoptó por el Consejo Europeo, después de su aprobación una semana antes por el Parlamento Europeo, el Reglamento 2017/1939 del Consejo, en virtud del cual se establecían las pautas para la creación de la Fiscalía Europea, cuya finalidad era ocuparse de investigar, procesar y juzgar a los autores de delitos contra los intereses de la Unión.
El indicado reglamento fue aprobado de forma inicial por 20 estados miembros, en concreto: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, República Checa y Rumanía. En el año 2018 Malta se incorporó también al proyecto de creación de la Fiscalía Europea.
La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión, con ersonalidad jurídica propia y que debe rendir cuentas de la actividad que desarrolla tanto al Parlamento Europeo como al Consejo y a la Comisión, presenta informes anuales. Tiene su sede en Luxemburgo.
Realiza investigaciones y ejercita la acción penal, acusando cuando sea procedente, ante los órganos judiciales de los estados miembros. La Fiscalía Europea se rige por los principios de legalidad, proporcionalidad e imparcialidad. Hay que tener en cuenta que la legislación que se aplique en cada procedimiento será la que esté vigente en el Estado miembro cuyo Fiscal Europeo Delegado esté encargado del expediente.
La Fiscalía Europea está formada por los siguientes Fiscales:
– El Fiscal General Europeo, el cual está al frente de la fiscalía. Su función es de organización y dirección. Lo nombra el Parlamento Europeo y el Consejo, siempre de común acuerdo, a partir de una lista de candidatos cualificados que se presenta por un Comité de selección, y su mandato, el cual no es renovable, tiene una duración de siete años.
– Los Fiscales adjuntos al Fiscal General Europeo. Su función es de auxilio y asistencia al Fiscal General Europeo en el ejercicio de sus funciones y además pueden substituir a este en su ausencia o cuando no puede atender sus obligaciones.
– Los Fiscales Europeos, que se nombran a propuesta de cada uno de los Estados miembros, los cuales sirven de enlace entre las Salas permanentes y los Fiscales Europeos Delegados que existen en cada
estado miembro.
– Los Fiscales Europeos Delegados, los cuales actúan en representación de la fiscalía Europea en cada uno de los Estados miembros. Tienen las mismas potestades que los fiscales del estado miembro, pudiendo investigar supuestos presuntamente delictivos y ejercitar la acción penal.
En el mes de Octubre del año 2019, se nombró directora de la Fiscalía Europea contra el Fraude a Laura Kösevi, fiscal rumana, exjefa de la unidad anticorrupción de Rumanía, con reputación de haber perseguido de manera firme la corrupción en su país. De hecho, fue destituida de su puesto por el gobierno rumano e imputada por la justicia de su país, si bien la misma ha denunciado en múltiples ocasiones la existencia de una campaña de persecución contra ella por parte del gobierno de Rumanía.
La Sr. Kösevi impulsó numerosas investigaciones contra políticos corruptos de su país, entre ellos varios altos cargos del gobierno que la destituyó de su cargo. Fue fiscal anticorrupción en Rumanía durante 5 años, durante los cuales confiscó alrededor de 2.000 millones de euros que habían sido malversados, multiplicando por el 10 el volumen de activos incautados anualmente hasta su llegada.
Durante el mes de Julio del año 2020 se nombraron a 22 fiscales por parte de la Fiscalía Europea, entre ellos a la fiscal anticorrupción del caso “Gürtel”, Concepción Sabadell, la cual fue elegida como representante de España.
La Comisión Europea ha propuesto recientemente que se amplíe el ámbito de actuación de la Fiscalía Europea, para poder investigar y en su caso, finalmente acusar, por delitos de terrorismo de carácter transnacional, delitos ecológicos y de tráfico de seres humanos.
