Existencia en la Conselleria de Inmigracion y Ciudadanía de una trama destinada a adjudicar de manera fraudulenta los contratos de mantenimiento y gestión de los servicios informáticos de dicha Conselleria. Para ello, partiendo de la orden dada por el Conseller, Rafael Blasco, a la Secretaría General Administrativa, se pretendía forzar que los servicios informáticos fueran adjudicados a las empresas mercantiles de uno de los encausados. Con este fin, además de la orientación dada por el Conseller a la Secretaria General Administrativa, fue creado el puesto de Jefe de Servicio Informático de la Conselleria, ocupado por otro de los investigados y posteriormente condenados en este caso. Así, todo el proceso de contratación, empezando por el pliegue de condiciones de las propias contratas, eran realizados con la finalidad de decantar la adjudicación de estos servicios a una serie de empresas concretas, prescindiendo con ello de los requisitos básicos que debía seguir el procedimiento administrativo de contratación, y adoptando para este fin una serie de resoluciones manifiestamente arbitrarias e injustas. Se emitieron una serie de resoluciones que seguían los dictados del Conseller, siendo estos ejecutados por la Secretaria General Administrativa y el Jefe de Servicio Informático de la Conselleria, en distintos niveles del procedimiento.
