Durante su mandato como Directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), con la cooperación del Director económico administrativo de dicho centro cultural, Consuelo Ciscar llevó a cabo una serie de comportamientos distintos a la función social conferida al IVAM. La resolución refleja dos tipos de conductas, ambas consideradas delictivas de acuerdo con lo previsto para el delito de prevaricación administrativa y el delito de malversación de caudales públicos. En primer lugar, la directora aprovechó su posición al frente del centro para promocionar la carrera artística de su hijo, utilizando para ello los medios económicos, materiales y humanos del IVAM. En segundo lugar, llevó a cabo procesos de contratación tramitados por el IVAM y adjudicados a favor de mercantiles gestionadas por un empresario cercano.
