El día 18 de abril de 2017, el entonces Alcalde de Alicante por el Partido Socialista, Gabriel Echávarri, como represalia por la denuncia que esa misma mañana presentó contra él en la Fiscalía el Partido Popular a través de su representante, Luis Barcala, entonces portavoz de la oposición y en la actualidad Alcalde de Alicante, contactó con el concejal que tenía delegadas las competencias en materia de personal por la Junta del Gobierno Local, indicándole que cesara inmediatamente a una funcionaria interina, la cual resultó ser la cuñada de Luis Barcala. En la resolución judicial consta que, en la tramitación del despido, no solo se omitieron trámites esenciales del procedimiento, sino que la ilegalidad de la resolución es palmaria, y no puede explicarse mediante una argumentación técnico-jurídica medianamente razonable. En este sentido, resulta acreditado que la decisión de remover a la afectada de su cargo sólo venía motivada por la animadversión que el alcalde sentía hacia el portavoz de la oposición.
