Se trata de los contratos suscritos entre el Ayuntamiento de Villarreal, por medio de su Alcalde y su Concejal de Servicios públicos, fomento y agricultura, y la empresa mercantil PIAF, S.L. El consistorio suscribió con PIAF una serie de contratos de suministros de bienes y servicios, entre los que se cuenta la promoción y remodelación de instalaciones de titularidad pública, sin seguir los requisitos formales propios del procedimiento administrativo. Asimismo, una parte de los servicios no fueron finalmente ejecutados, y, ante el incumplimiento del contrato, el Alcalde que sustituyó al condenado decidió no abonar las cantidades adeudadas.
