Supuesto estudiado dentro del caso conocido como “trama de las asesorías”. Según consta en la resolución judicial, el interventor del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana, Rafael Parra, de común acuerdo con el secretario del Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, con la intención de obtener un lucro económico idearon un sistema para obtener de forma continuada el dinero público proveniente del Consorcio de Museos, valiéndose para ello de una serie de entidades bajo su control. Así, en el caso de Parra, Asesores Económicos Públicos, SL, y por parte de Sancho Sempere, Academia Valenciana de Juristes, Millena III Milenio y Asesores profesionales.
Aprovechándose de estas entidades, pero, especialmente, de su posición en la Administración, los acusados pusieron en marcha un sistema que eludía las exigencias derivadas de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ya que ambos eran funcionarios y les servía para obtener dinero público de forma continuada, con destino a su propio patrimonio y proveniente del Consorcio de Museos. En este sentido, queda probado en la resolución judicial la utilización de estas sociedades mercantiles como herramienta para su enriquecimiento ilícito por trabajos prestados por las entidades mencionadas, los cuales fueron contratados sin seguir el procedimiento administrativo preceptivo, para recibir dinero proveniente del Consorcio de Museos y otros organismos públicos.
