La resolución dispone que se dicta la absolución del acusado en tanto que para establecer una condena por el delito de ordenación del territorio imputado es preciso que la contradicción entre el acto administrativo y el derecho sea patente y grosera o con resoluciones que desbordan la legalidad de un modo evidente, flagrante o clamoroso. Teniendo esto presente, la Audiencia considera que en este supuesto no se aprecia el plus de antijuridicidad necesario que requiere el tipo penal para la condena del funcionario público.
