Dos funcionarios de la Subdelegación del Gobierno de Alicante, encargados de la tramitación de los procedimientos de extranjería, tras concertar un acuerdo con un tercero, sellan de forma irregular permisos de trabajo y residencia a extranjeros a cambio de dinero.
Los receptores de dichos permisos eran fundamentalmente mujeres extranjeras en situación ilegal que trabajaban en clubes de alterne ejerciendo la prostitución y a quienes, previo pago, se les expedía un documento sellado por las oficinas de extranjería bajo la falsa promesa de que ello legalizaría su situación en España y les garantizaría su no expulsión durante el plazo de un año. En las oficinas de extranjería no quedaba copia o prueba de dichos trámites por lo que nunca se llegaron a incoar los expedientes de concesión de permiso de trabajo y de residencia que, en cualquier caso, serían denegados al carecer de la referida documentación y de las menciones esenciales.
