Determinados funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante, encargados de las matriculaciones, rematriculaciones y expedición de certificados, cometieron actuaciones irregulares en el ejercicio de sus funciones a cambio de dinero. Dichos actos se llevaban a cabo sirviéndose de una opción del programa informático de tramitación que permitía realizar la función como si los interesados reunieran todos los requisitos. La irregularidad en dichos procedimientos venía dada por la tramitación sin previo pago de las tasas o sin los requisitos correspondientes, por carecer los expedientes de los certificados de la ITV, justificantes de pago del impuesto municipal, transmisiones patrimoniales de la Conselleria de Economía de la Generalitat Valenciana, etc.
