Vicente Llinares, alcalde del municipio de Orxeta perteneciente al PSOE, pese a tener conocimiento de que el Administrador de la mercantil “Hormigones Roseta S.L.” había procedido a la construcción de una planta dedicada a la elaboración de hormigón, careciendo de todo tipo de licencia, no adapta medida alguna de restauración de la legalidad y de la realidad física alterada, incumpliendo su deber como garante de la legalidad urbanística. La planta hormigonera llega a permanecer 10 años en suelo protegido.