En septiembre de 2016, el grupo parlamentario Ciudadanos presentó ante el Congreso de los Diputados un texto legislativo al objeto de desarrollar un plan integral de lucha contra la corrupción, el primero dentro de la historia legislativa de España.
El ordenamiento jurídico español, si bien contempla figuras y tipos delictivos relacionados con las prácticas corruptas y el fraude, carece a día de hoy de un texto normativo en el que se afronte el problema desde una perspectiva global y unificada; ello conlleva, como ya se ha apreciado en numerosas ocasiones, limitaciones y carencias a la hora de luchar contra esta lacra que se ha asentado dentro del segundo puesto entre las principales preocupaciones de los ciudadanos según el barómetro del CIS, seguido muy de cerca por una inquietud hacia “los políticos en general, los partidos y la política”.
A pesar del tiempo transcurrido, el proyecto no ha trascendido de la fase de Comisión Constitucional, y actualmente la propuesta legislativa ha caducado a consecuencia de la disolución de las Cámaras debido a las últimas elecciones del pasado mes de abril de 2019; así, deberá ser propuesta de nuevo por el grupo parlamentario en la nueva legislatura.
El proyecto de ley, que se encontraba todavía en fase de debate y votación en la Comisión Constitucional, caducó el pasado mes de marzo de 2019 con ocasión de la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones. El texto, que recibió hasta un total de 375 enmiendas (incluida una a la totalidad por parte del grupo Popular), fue quedando relegado a un segundo plano dentro del panorama legislativo, lo que llevó a que se produjese antes el fin de la legislatura que la aprobación del texto.
