Un funcionario de la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Alicante cuya función consistía en atender al público, recoger las solicitudes de permisos de residencia por reagrupación familiar y sellarlas, tramitaba de manera irregular permisos de residencia por reagrupación familiar de ciudadanos extranjeros a través de una gestoría. El imputado ofrecía, a cambio de dinero por parte de los interesados, la tramitación de las solicitudes estudiadas en el negociado donde tenía una vinculación contractual sin seguir las formalidades exigidas por la ley. Así pues, previo pago de una cantidad, los interesados recibían trato de favor al obtener la tramitación de sus permisos de residencia sin cumplimentar las preceptivas formalidades exigidas en la normativa (cita previa, justificantes económicos, comprobación de los concurrencia de requisitos, etc.), presentando los expedientes tramitados todo tipo de anomalías. Respeto de tales expedientes, el acusado preparaba la resolución para que fueran firmados por el Subdelegado de Gobierno, titular de la competencia para aprobar los permisos de residencia.
