Caso Blasco: las conformidades “low cost” de la Fiscalía

Caso Blasco: las conformidades “low cost” de la Fiscalía

Tortuosa, conflictiva e in extremis. Así fue la firma de acuerdos de conformidad de la Fiscalía Anticorrupción con 17 de los 24 acusados en el segundo juicio del caso Blasco, relativo al fraude de una veintena de subvenciones de Cooperación al Desarrollo entre 2009 y 2011, que provocó el desvío de al menos 3,4 millones a una trama corrupta dirigida por el empresario Augusto César Tauroni, el ex conseller Rafael Blasco y el ex Jefe de Área de Cooperación, Marc Llinares. El juicio se celebró en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia los pasados mayo, junio y julio. Los pactos se rubricaron en los primeros compases de la vista, el 20 y 23 de mayo, coincidiendo con las sesiones sobre cuestiones previas. Unos acuerdos que, en su mayoría, fueron rechazados por el resto de acusaciones: la particular, representada por la Abogacía de la Generalitat Valenciana, y especialmente la popular, dirigida por la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD), al considerar excesiva la rebaja de penas y responsabilidades civiles para reparar el daño, asumiendo bienes muy por debajo del dinero sustraído e incluso ya embargados tras la sentencia de la primera pieza del caso, en mayo de 2014, que envió a Blasco y Tauroni a prisión.

Las conversaciones entre Fiscalía y algunos acusados venían de lejos. En marzo de 2016 se publicaron las primeras noticias de reuniones entre el entonces fiscal anticorrupción Vicente Torres y los abogados de Blasco y Tauroni. Sobre la mesa se dispuso una oferta de tres años de cárcel a cambio de confesar los delitos. Pero las dudas de la Abogacía de la Generalitat y la oposición frontal de la CVONGD, unidas a la escasa predisposición de los procesados a desprenderse de su patrimonio, truncó los acuerdos. Y en febrero de 2017 volvió a atisbarse un pacto que tampoco se materializó por idéntica falta de garantías en el rescate del dinero robado. Casi un año después, el 5 de junio de 2018, cristalizó un acuerdo entre Torres y los principales acusados que arrastró al resto de defensas. Blasco y Tauroni aceptaban dos años y medio de cárcel a cambio de admitir los hechos, pero sin ningún compromiso sobre el retorno de los fondos esquilmados. El pacto descolocó enormemente a Abogacía de la Generalitat y CVONGD: los acusados no solo esquivaban resarcir el dinero distraído, sino que veían rebajadas aún más las posibles condenas.

Pero el nombramiento de Vicente Torres como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el 28 de febrero de 2019 y su substitución por Jesús Carrasco congeló los pactos. El pulso entre Carrasco, favorable a aumentar penas, y las defensas se prolongó hasta los prolegómenos del juicio con un acuerdo de mínimos de hasta tres años y medio de cárcel, uno más de lo convenido con Torres, a cambio del reconocimiento de los delitos. No obstante, la oposición de las acusaciones particular y popular al grueso de las conformidades evitó suspender el juicio, algo que habían solicitado con insistencia las defensas. En su informe final, María José Rodríguez, máxima responsable de la Abogacía de la Generalitat, rechazó buena parte de las conformidades: “Nada nuevo se nos ofrece, han intentado confundir”. “Disponemos de tantas pruebas que es inútil la confesión”, apuntó. Y Raúl Vidal, letrado de la CVONGD, lamentó también en su exposición final la ausencia “de una confesión real, sincera, con un relato que ayude al tribunal”. Por lo que demandó a la sala “una sentencia justa, que no sea cómoda, que no corte y pegue conformidades”.

Rebajas sin garantías
Los 17 acuerdos se basan en las mismas condiciones legales, ya que según la Fiscalía, se dan los requisitos atenuantes de reparación del daño previstos en el artículo 21.5 del Código Penal, y de confesión del delito según el 21.7 en relación con el 21.4. Esto conlleva la aplicación del artículo 66.1.2, que señala: “Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados establecida por la ley, atendidos el número y la cantidad de dichas circunstancias atenuantes”.

En el caso de Rafael Blasco, la Fiscalía pasó de solicitar 16 a 3 años y 3 meses de prisión; y de 42 a 8 de inhabilitación. Y a Augusto Tauroni, los 21 años y 6 meses de cárcel bajaron a 3 años y 6 meses; y la inhabilitación de 40 a 9 años y 6 meses. Por último, Marc Llinares, quien no fue condenado a prisión tras el primer juicio por un error en los escritos de acusación, pasaría de 16 a 3 años y 3 meses de cárcel y de 42 a 2 de inhabilitación.

En referencia a la responsabilidad civil, la Fiscalía se plegó a la Abogacía de la Generalitat Valenciana (así lo indicó Carrasco en su informe final), que en su escrito de acusación fija 5.035.942,45€ de daño patrimonial, cuyo 75% debería ser asumido por Blasco, Tauroni y Llinares. Asimismo, la Generalitat añade 3.000.000€ por daño moral, también a sufragar en un 75% por los tres principales acusados. Cifras que se diluyen en los acuerdos de conformidad, ya que no se aportan bienes ni cantidades en efectivo que cubran dichas cuantías. En el pacto con Blasco se destaca la “entrega de determinados bienes inmuebles que ha puesto a disposición del tribunal”. Se trata principalmente de un bajo comercial en la zona del Ensanche de Valencia, de 147 metros cuadrados, que el acusado valoró en 619.226,13€. No obstante, así lo público Levante-EMV, la conselleria de Hacienda recalculó y rebajó el coste a 218.367€. Una aportación polémica porque se trata de una dación en pago: el bajo está alquilado hasta 2021. Y en segundo lugar, porque lo regenta un centro de estética que, en realidad, es la tapadera de una casa de masajes eróticos, según desveló El Temps. Por último, Blasco insistió en aportar su mansión en la Barraca de Aigües Vives (Alzira), ya embargada por el Tribunal de Cuentas para cubrir la responsabilidad civil de la primera sentencia.

Algo similar ocurre con Tauroni, que también aportó en su conformidad dos apartamentos de lujo que compró en Miami con el dinero desviado y cuya suma alcanza los 1,72 millones de dólares. A esta cantidad se añaden los 500.000€ de un yate. Los tres bienes ya están embargados. Lo mismo que el inmueble en Dénia de Llinares. El único aporte novedoso del ex Jefe de Área serían 37.118,84€ consignados en julio de 2018, además de otras cantidades y saldos, sin especificar, bloqueados en diferentes entidades bancarias, y el embargo de una parte de su sueldo, suma que alcanzaba los 78.994,69€ en el momento del acuerdo.

Felip y Sanjuán, grandes beneficiados
En un segundo escalón de conformidades destacan las alcanzadas con Agustina Sanjuán, ex Secretaria General Administrativa, y Josep Maria Felip, ex director general de Cooperación e Inmigración. Ambos están acusados de favorecer a la trama en la aprobación de una ayuda para construir un hospital en Haití valorado en 5 millones. Aunque este proyecto no se llevó a cabo por el estallido del escándalo en los medios, la red corrupta arañó 177.000€ de una supuesta oficina técnica para ponerlo en marcha. En estos dos casos, Fiscalía y Abogacía de la Generalitat rubricaron acuerdos donde solicitan 1 año y 6 meses de cárcel a cada uno. Antes del pacto, Sanjuán y Felip se enfrentaban a peticiones de hasta 4 y 7 años respectivamente. En cuando a la responsabilidad civil, Felip abonó 15.000€ y Sanjuán quedó exenta.

También destacan otra serie de pactos en solitario con la Fiscalía. Entre ellos el de Arturo Tauroni, hermano de Augusto, y Maribel Castillo. Ambos llevaban el día a día de la Fundación Solidaria Entre Pueblos (FSEP), más tarde Hemisferio, matriz de la trama. Castillo acordó con Carrasco rebajar la pena de prisión de 9 años y 6 meses a 2 años. A cambio abonó 100.000€ de responsabilidad civil. Arturo Tauroni pasaría de 10 a 2 años de cárcel a cambio de 20.000€ de responsabilidad civil. Y 5.000€ por este concepto son los que pagó Fernando Darder, presidente de Esperanza Sin Fronteras, una de las entidades que satelizó la FSEP para desviar 1,1 millones a través de cuatro proyectos. Darder disminuiría a 1 año y 6 meses de prisión los 7 iniciales. Otro acuerdo llamativo es el obtenido por Alfonso Navarro, ex presidente de la FSEP, quien tras abonar 15.000€, podría rebajar a 1 año y 6 meses de prisión los 9 años y 6 meses que en un principio pedía la Fiscalía.

Acuerdos totales
La unanimidad de pacto entre defensas y acusaciones solo se produjo con acusados con menor participación en el saqueo de dinero público. Se trata de los secretarios de la FSEP, José Bollaín y Alfonso Freire, cuya firma mancomunada a la de los presidentes de las ONG implicadas permitió desviar fondos a través de pagos millonarios en facturas falsas. Bollaín y Freire disminuirían el tiempo de cárcel a 1 año y 6 meses. En un principio, las acusaciones exigían entre 3 y 9 años y medio. A cambio, abonaron 200.000€ y 15.000€ respectivamente. Además, empresarios como Carlos Andrés Chust, Rosa María Castelo o Alberto Pampín, también llegaron a acuerdos con todas las partes. Sus mercantiles facturaron una parte residual comparada a las de Augusto Tauroni. La ley permite que condenados a penas inferiores a dos años, que delincan por primera vez y satisfagan las responsabilidades civiles, eviten la prisión.

Por último, no hubo acuerdo con ninguna de las partes en el caso de cuatro acusados. Se trata Dolores Escandell, ex jefa de servicio que, teóricamente maniobró para que Esperanza Sin Fronteras se alzara con el proyecto del hospital en Haití. Las acusaciones le solicitan entre 2 y 4 años de prisión. Por su parte, a Luis Fernando Castel, dueño de la evaluadora externa que habría manipulado los rankings para favorecer a unas entidades en detrimento de otras, le piden hasta 17 años de privación de libertad. Le sigue Rafael Barrera, presidente de Fudersa, entidad vinculada a la trama que más dinero, 1,84 millones, obtuvo en subvenciones; las acusaciones solicitan entre 3 y 7 años y 6 meses de cárcel. Finalmente, José Luis Mezquita, propietario de la firma Matuscas, está considerado nexo de unión entre la trama y algunas empresas menores. Las acusaciones coinciden en demandarle 7 años de cárcel.

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