¿Cuánto nos cuesta la corrupción?

Dinero en manos de corruptos, en lugar de en las de investigadores: uno de los costes de la corrupción.

¿Cuánto nos cuesta la corrupción?

Como consecuencia de la corrupción, se han dejado de invertir millones de euros en servicios públicos para toda la ciudadanía. Averiguamos cuántos.

Cada día, durante los últimos años, la corrupción viene ocupando más y más espacio en periódicos, informativos y tertulias. El propio Ministerio del Interior calcula que desde 2013 más de 7.000 personas han sido detenidas por este tipo de delitos.

Desde el Observatorio, denunciamos que todo ese dinero público que ha acabado en manos privadas ha supuesto un grave perjuicio para la sociedad. El coste de la corrupción se hace patente en los recortes que han sufrido los servicios públicos -sanidad o educación, como ejemplos flagrantes- y en el aumento de los impuestos que pagamos y que han servido para compensar el dinero defraudado.

Por eso, nos preguntamos: ¿cuál es el coste exacto de esa corrupción? ¿Es posible determinarlo?

En verdad, resulta muy difícil hacerlo. Por una parte, la corrupción es una práctica de naturaleza intrínsecamente oculta. Por otra, es un fenómeno extendido, que ha favorecido hasta la conformación de auténticas bandas criminales, constituidas exclusivamente para aprovecharse del erario público.

De acuerdo con diversos estudios, el impacto de la corrupción se sitúa entre los 25.000 y los 90.000 millones de euros, cálculo que empeora el que en 2015 figuraba en un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En aquel momento, según este organismo, el coste de la corrupción era de 48.000 millones de euros, cerca del 5% del PIB.

Haber desviado tal cantidad de dinero público implica costes económicos indirectos preocupantes.

Por ejemplo, se han generado costes de eficiencia. Los contratos públicos no han recaído en empresas adecuadas ni en personal eficiente, sino que se han adjudicado al mejor postor, que ha pagado comisiones o ha ofrecido un trato de favor.

Además, se ha dañado la imagen del país y su atractivo como foco de inversión. El capital extranjero, en efecto, puede percibir que el nuestro es un entorno inestable y poco fiable para sus fondos.

Por último, se ha propiciado una notable inestabilidad política y social, que se ha traducido en desconfianza: el alto grado de corrupción entre nuestros políticos y administradores públicos ha favorecido que tengamos, como ciudadanía, una percepción fatalista de nuestras instituciones públicas. Este desengaño se hace evidente en estudios internacionales, como el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que la organización Transparencia Internacional realiza cada año y que arroja resultados poco alentadores.

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