“La pieza primera era la punta del iceberg y ahora tenemos el entramado completo”

17 May “La pieza primera era la punta del iceberg y ahora tenemos el entramado completo”

El pasado lunes se celebró en la sala Tirant lo Blanch de la Ciutat de la Justícia una nueva jornada del juicio sobre la segunda y tercera pieza del Caso Blasco.

En este juicio se sientan en el banquillo de los acusados 24 personas, entre ellas el exconseller Rafael Blasco, diversos empresarios como Augusto César Tauroni, ex altos cargos de la extinta Conselleria de Solidaritat i Ciutadanía de la Generalitat Valenciana, representantes de otras empresas de la trama – como Expande, evaluadora de los proyectos presentados a la Conselleria entre los años 2009 y 2011- y organizaciones no gubernamentales como la Fundación Hemisferio, creada a propósito para desviar los fondos destinados a la cooperación internacional al desarrollo.
Al inicio de la sesión – dedicada a las denominadas cuestiones previas – el Fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, informó sobre los acusados con los que la Fiscalía había alcanzado preacuerdos de conformidad, aunque matizando “se trata de preacuerdos, que no acuerdos”.

Cuatro de ellos han alcanzado dichos preacuerdos con todas las partes acusadoras, es decir el Ministerio Fiscal, la Abogacía de la Generalitat y la acusación popular, ejercida por la Coordinadora Valenciana de ONGD. Se trata de los empresarios Luis Freire Oleas (APIMA Ingenieria S.L.), Carlos Andrés Chust, (Chust Alzira, S.L ) Alberto Pampín (APB arquitectura) y Rosa Castelo (Beconsa y APB arquitectura).

Así mismo José Bollaín (secretario de la Fundación Hemisferio) podría incluirse en este grupo si consigue cerrar algunos puntos del posible acuerdo con la Coordinadora Valenciana de ONGD “probablemente, a lo largo de la semana”, según explicó Raúl Vidal Sánchez, abogado de la acusación popular.

Un caso particular es el de Miguel Ángel Climent Estruch, también empresario, que ha alcanzado preacuerdos con las únicas dos partes que le acusan: el Ministerio Fiscal y la Abogacía de la Generalitat, puesto que la acusación popular no le acusa en este proceso.

Hay un segundo grupo de personas acusadas con las que, según informó el Fiscal Jesús Carrasco, “se ha alcanzado cierto grado de aproximación” con el Ministerio Fiscal y la Abogacía de la Generalitat pero no con la acusación popular. Dichos acusados son los siguientes: Josep María Felip (ex Director General de Cooperación), Agustina Sanjuán (ex Secretaria General de la consellería dirigida por Blasco), Alfonso Navarro Torres (presidente de la Fundación Hemisferio), Isabel Castillo López (trabajadora y directiva de la Fundación Hemisferio) y Fernando Darder (presidente de la organización no gubernamental Esperanza Sin Fronteras).

Por su parte la Abogacía de la Generalitat, representada por María José Rodríguez Blasco, también incluyó en un posible acuerdo a Fernando Cañete Marco, empresario, a quien la Fiscalía no acusa en este proceso, y a Jesús Urkiza Delgado, trabajador de la empresa evaluadora Caaz S.L.

Por último, el fiscal Carrasco habló de un tercer grupo de acusados, con los que se han mantenido “conversaciones avanzadas para lograr un acuerdo de conformidad”: Rafael Blasco (exconseller), Augusto César Tauroni (empresario de CGS, Dinamiz-e, ARCMED y Lonerson), Arturo Tauroni (director de la Fundación Hemisferio), Marc Llinares (ex Jefe de Área de la Consellería dirigida por Blasco) y Alina Indiekina Lysenko (vicepresidenta de las empresas Indra Holding y Consulting Corporation). Estas conversaciones se han llevado a cabo únicamente entre el Ministerio Fiscal y los acusados, por lo que dichos acuerdos no incluyen a la Abogacía de la Generalitat ni a la Coordinadora Valenciana de ONGD.

Finalmente, en su turno de palabra, la acusación popular reafirmó su disposición a alcanzar acuerdos de conformidad con las personas acusadas incluidas en el primer grupo -Freire, Chust, Pampín, Castelo y Bollaín- y manifestó que no firmaría acuerdos de conformidad con el resto de acusados.

Es importante recordar que la suscripción de dichos acuerdos, prevista como posibilidad en el ordenamiento jurídico, supone por parte de los acusados el reconocimiento de los hechos delictivos por los que son acusados, la aceptación de la pena correspondiente a la calificación jurídica de los mismos y una reparación razonable del daño causado.

La segunda parte de la sesión se dedicó a tratar las llamadas cuestiones previas; el abogado del exconseller Rafael Blasco, con la adhesión de la casi totalidad de las defensas, planteó diversas cuestiones, entre ellas la falta de jurisdicción del Tribunal para determinar la responsabilidad civil de los acusados, aduciendo que dicha responsabilidad debería establecerse únicamente como responsabilidad contable para lo que sólo es competente el Tribunal de Cuentas.

Las defensas adujeron también una supuesta vulneración de los derechos fundamentales de las personas acusadas, al considerar que este juicio trata sobre “cosa juzgada” en la anterior pieza primera.

Finalmente, expusieron que el proceso judicial ha provocado la vulneración de derechos a la defensa efectiva de los acusados y pidieron la nulidad de las actuaciones y, en cualquier caso, de las pruebas periciales realizadas por un interventor de la Administración General del Estado (IGAE) y un inspector de la Agencia Tributaria (AEAT).

En la última parte de este bloque de cuestiones previas, solicitaron al Tribunal que apercibiera a la acusación popular para que no hiciera manifestación alguna sobre cuestiones de responsabilidad civil. El abogado del exconseller Blasco llegó incluso a afirmar que sería “estéticamente bueno” limitar estas intervenciones de la acusación popular.

Las tres acusaciones rebatieron contundentemente esas argumentaciones, alegando la idoneidad del procedimiento judicial seguido y la compatibilidad entre la responsabilidad civil y la contable. Además, Mª José Rodríguez Blasco, representante de la Abogacía de la Generalitat, explicó pormenorizadamente las razones de la cuantía de 7.827.287,26€ solicitada por la Generalitat Valenciana en concepto de responsabilidad civil.

Así mismo, las tres acusaciones defendieron que estas piezas segunda y tercera tratan sobre períodos temporales y hechos diferentes a los ya juzgados en la pieza primera. El Fiscal Anticorrupción manifestó que las alegaciones de las defensas “se encaminan a la confusión, pero no tienen ningún fundamento” y que “si se contempla la relación fáctica, estas segunda y tercera pieza corresponden a ocho partes de diez”. En este sentido, la Abogacía de la Generalitat aseguró que lo juzgado en la pieza primera “era la punta del iceberg y ahora tenemos el entramado completo”. Así mismo señalaron que en este procedimiento se juzgaban delitos nuevos, no contemplados en la pieza primera, como el de asociación ilícita y pertenencia a grupo criminal.

El Tribunal calificó varias de las cuestiones planteadas por las defensas como “cuestiones de fondo” del proceso por lo que pospuso pronunciarse sobre ellas hasta dictar sentencia, a excepción de la petición de nulidad del proceso y de las pruebas periciales, respecto a las cuales determinó que resolverá cuando examine con detalle toda la documentación aportada.

En relación a la cuestión de apercibir a la acusación popular, el Tribunal no consideró apropiada esta petición. Las tres acusaciones defendieron el papel de la acusación popular, alegándose por parte del Ministerio Fiscal que “lo que pasa en este Tribunal no se queda en este Tribunal, las actuaciones son públicas”. El abogado de la Coordinadora Valenciana de ONGD defendió la figura de la acusación popular, manifestando que “está totalmente legitimada por la jurisprudencia” y que “sin la acusación popular, estaríamos ante una situación más ventajosa para los acusados; pero estamos aquí para defender los derechos de la mayoría”.

La siguiente sesión del juicio continuará el próximo lunes día 20 de mayo a las 9.30h.