Proteger a los denunciantes y regular la actividad de los lobbies: así lo prevé la futura legislación española

19 Dic Proteger a los denunciantes y regular la actividad de los lobbies: así lo prevé la futura legislación española

En septiembre de 2016, Ciudadanos presentó en el Congreso de los Diputados un propuesta para desarrollar un plan integral de lucha contra la corrupción.

El ordenamiento jurídico español carece a día de hoy de un texto que aborde este problema desde una perspectiva global y unificada.

La protección de las personas denunciantes y la regulación de los grupos de presión -los llamados lobbies- son dos de los pilares del proyecto, que aún se encuentra en tramitación. El texto, con todo, presenta carencias.

En lo relativo a la protección de las personas denunciantes, España es hoy por hoy el único país de la OCDE cuyo ordenamiento jurídico estatal no prevé medidas de protección para ellas. El proyecto de ley pretende subsanar este hecho pero, sin embargo, resulta incompleto. Desde l’Observatori consideramos que habría de ser enmendado en algunos puntos.

Por ejemplo, el proyecto únicamente considera como denunciante, y por tanto, digno de protección, “a los altos cargos, los funcionarios y el resto del personal al servicio del sector público”. Es decir, la norma dejaría de lado y desprotegería a cualquier persona que haya tenido conocimiento de prácticas corruptas y desee denunciarlas.

Del mismo modo, el texto prohíbe las denuncias anónimas, a pesar de que la propia ONU ha afirmado que “la única protección real para un denunciante es el anonimato”. Mantener el veto a las denuncias anónimas resultaría, por tanto, claramente contraproducente.

Al margen de estas lagunas, el texto normativo ofrece como base un considerable catálogo de medidas de protección para el denunciante, que abarcan tanto su vida profesional -suspensión de decisiones que perjudiquen su estatus laboral, traslado provisional a otro puesto de trabajo equivalente, excedencia retribuida, etc.- como personal -posibilidad de instarse medidas de protección contra su persona y familiares-.

En lo concerniente a la regulación de los lobbies –aquellos colectivos que tienen el propósito de conseguir decisiones favorables a sus intereses desde los poderes públicos-, el proyecto de ley pretende la incursión del propio concepto, su control y la exigencia de transparencia de su actividad.

Entre estas medidas se pretende el acceso a la información pública y el buen gobierno, así como la creación de un registro de lobbistas y lobbies, público y gratuito, en el cual deberán inscribirse preceptivamente.

Del mismo modo, la ley prevé la regulación de un código de conducta de los lobbies, así como medidas como la publicidad de sus actividades, y en particular, de los resultados de sus reuniones con el sector público.

En la actualidad, el presente proyecto de ley se encuentra, tras numerosas prórrogas y atrasos, en la fase de debate y votación en la Comisión Constitucional. El plazo de presentación de enmiendas al proyecto finalizó el mes de noviembre del pasado año 2017, habiéndose presentado finalmente un total de 375 enmiendas: 136 de Unidos Podemos, 57 del PSOE, 50 del PP (incluida una enmienda a la totalidad), 45 de Ciudadanos, 36 del PNV, 17 de ERC y el resto del grupo mixto.