Una herramienta informática para detectar fraude y corrupción: así será el SAR

28 Dic Una herramienta informática para detectar fraude y corrupción: así será el SAR

Para prevenir y detectar prácticas fraudulentas en el sector público, la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha puesto en marcha un proyecto de ley que pretende crear el SAR, el Sistema de Alertas Rápidas. Esta herramienta será un recurso informático que permitirá navegar a través de los datos generados por la administración. Así, se podrán detectar de forma inmediata prácticas ilegales y riesgos de fraude o corrupción, antes incluso de que estos actos lleguen a materializarse.

Esencialmente, funcionará de este modo:

1. El sistema conectará la información existente en los ficheros que contienen información administrativa.
2. Se identificarán las áreas de riesgo dentro de la actividad administrativa.
3. Se establecerán indicadores a partir de los datos seleccionados. Habrá dos tipos de indicadores:

• cuantitativos: datos numéricos que permitirán establecer alertas automáticas -pagos periódicos injustificados a una misma empresa, concurrencia de subvenciones, contratos por proyectos similares, subcontrataciones, etc.-.
• cualitativos: parámetros que identificarán posibles actuaciones fraudulentas a partir de patrones ya conocidos -deficiencias organizativas relativas a responsabilidades y funciones, autorizaciones, registro de transacciones, recursos materiales y humanos, etc.-.

Estos indicadores podrán detectar situaciones objetivas de riesgo y, en tal caso, harán saltar una alerta. Esta sistematización, además, permitirá la búsqueda de datos para evaluar resultados. Cuando se produzca una alerta, se activará el protocolo de intervención.

La principal innovación de este sistema será su carácter eminentemente preventivo, en contraposición a la denuncia, la auditoría o la fiscalización, herramientas que actúan una vez producidos los hechos y, por tanto, cuando ya ha ocurrido el daño.

Por lo que respecta a la Inspección General de Servicios, este misma ley pretende reforzar su estructura, potestades y funciones.

Para ello, se dotará al personal inspector de la condición de autoridad pública; se incluirá la obligación de todos los órganos administrativos y del personal de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental de colaborar con la inspección; se reforzarán sus atribuciones y se establecerán mecanismos para garantizar la eficacia de sus investigaciones y favorecer el cumplimiento de sus recomendaciones.

Igualmente, el personal de Inspección habrá de guardar secreto y confidencialidad respecto de las investigaciones que se lleven a cabo, y se velará por la protección de los denunciantes y de las personas que participen en las investigaciones.