18 Nov Caso Blasco: autopsia a un fraude millonario
Existen documentos periciales escritos con una precisión milimétrica de forense. Es el caso del “Informe resumen Diligencias Previas 1743/2011, piezas 2 y 3”. Un título poco sugestivo para un contenido demoledor. Una disección sin concesiones de la trama que, entre 2009 y 2011, arremetió contra los fondos de la Cooperación valenciana a través de una veintena de proyectos fraudulentos en países en desarrollo de América Latina, África y Asia. Un relato riguroso, con estilo frío de jurista y algunos brotes trepidantes de novela policíaca. ¿El autor? Joaquín Falomir, un funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, quien el 27 de julio de 2011 recibió el encargo del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia de peritar las actuaciones, entonces secretas, de lo que empezaba a conocerse como el caso Blasco.
Tras las detenciones y registros del 23 de febrero de 2012, fruto de la llamada operación Oswald, Falomir y su equipo se sumergieron en un sinfín de facturas, contratos, correos electrónicos y todo tipo de material incautado que fueron sistematizando en distintos informes, uno por año, entre 2009 y 2011, y otro sobre el fallido proyecto de construcción de un hospital en Haití. El quinto, con fecha de 15 de septiembre de 2016, sería un resumen de todos los anteriores: centenares de folios destilados en 82 páginas donde queda constancia cómo se abonaron 5.667.930,54€ a la trama corrupta conformada por la Fundación Solidaria Entre Pueblos (FSEP), más tarde rebautizada Hemisferio, y sus entidades tentaculares a través de 22 subvenciones. Una suma distribuida entre la propia FSEP (710.272,71€), Ceiba (981.355,75€), Fudersa (1.842.563,19€), Asamanu (232.148,84€), Asade (798.816,08) y Esperanza Sin Fronteras (1.102.773,97€). Cantidades que pudieron alcanzar casi el doble, 10.191.790,35€, si en 2011 no se hubiera pagado solo una parte de las ayudas y si el proyecto del hospital en Haití, concedido a Esperanza Sin Fronteras en junio de 2011 y sufragado por la conselleria con 4 millones, no hubiera quedado congelado por el escándalo creciente de la trama en los medios.
Males comunes
Joaquín Falomir sostiene una serie de males comunes a las seis entidades investigadas. Los principales son la falta de experiencia y “de capacidad financiera y la estructura suficiente para garantizar el cumplimento de sus objetivos”. Además, “su tamaño es mínimo” y “los medios propios independientes son muy escasos”. En las solicitudes también se incluyen muchos presupuestos “inveraces” por el objeto de la empresa, su tamaño y oferta. Y subraya que se elige “la empresa que interesa sin ningún tipo de competencia tanto en el proveedor como en el precio”. Asimismo se vulnera la normativa de Cooperación donde señala que, en caso de igualdad, “se dará preferencia a los equipos locales”. Falomir concluye que mediante “esta mecánica y falta de control, se han producido pagos a empresas sin contenido, sin capacidad financiera para prestar el servicio, o fuera de su ámbito mercantil”. Una situación aplicable “con carácter genérico a todos los expedientes examinados”.
Por otro lado, el perito apunta que estas irregularidades fueron posibles porque desde la conselleria se maniobró con tiento para relajar e incluso pervertir los filtros de control. Y que la evaluadora externa, que cumple la misión de ofrecer una teórica imagen de imparcialidad a la hora de puntuar los proyectos y proponer subvenciones, estuvo bajo control de la trama a través de Luis Fernando Castel Aznar y sus empresas CAAZ y Expande. De la segunda, creada poco antes de publicarse la convocatoria para 2011, Falomir indica que resulta “como mínimo muy dudoso que cumpliese el requisito de experiencia exigido” puesto que carecía “no solo de medios suficientes, sino de los exigidos en el contrato”.
Mecánicas de pago
La norma exige a las entidades ingresar el dinero de las subvenciones en una cuenta específica. A las de la trama, además de sus respectivos presidentes, tuvieron acceso los secretarios de la FSEP: José Bollaín (2009 y 2010) y Luis Freire (2011). Algo que llama notablemente la atención de Falomir es que dos terceras partes de los fondos “se transfieren en una media entre 2 y 3 días desde el inicio de los proyectos”. Y que los propios Bollaín y Freire fueron los primeros en auto abonarse pagos por trabajos de “evaluación final”, algo materialmente imposible solo tres días después de iniciarse el proyecto. Así, Bollaín, a través de Avance Abogados, ingresa 42.252,61€ y Freire 23.971,8€ mediante la firma Apima.
En todo caso, un mero aperitivo de otros pagos masivos, “incluso por gastos que aún no podían haberse prestado”, entre proveedores comunes a las seis ONGD. Todo ello a través de una red de empresas en tres escalones cuyo único propósito era el desvío de, al menos, la mitad del dinero mediante facturas falsas por conceptos como estudios topográficos, insumos, plaguicidas o cursos de formación que, además de estar valorados muy por encima del precio de mercado, jamás se realizaron.
El primer peldaño lo conformaron firmas valencianas vinculadas a la cúpula de la trama: Arcmed, Dinamiz-e y Desfa. Las dos primeras, supeditadas a Augusto César Tauroni, crearon la FSEP en diciembre de 2008. Durante el período investigado, Arcmed facturó 148.844,1€; Dinamiz-e, 274.657,05€; y Desfa, 306.177,76€. Falomir incluye en este grupo a Mecanizados Inelme, un 60% propiedad de Fernando Cañete, marido de Maribel Castillo, coordinadora de proyectos de la FSEP. Y también Futura E, con 19.189,06€; Promociones Delivery, relacionada a Desfa, con 70.956€; Comteldat, vinculada a Dinamiz-e, con 39.220€; y la propia FSEP, que facturó 90.765,46€ por diversos trabajos a Ceiba, Fudersa y Esperanza Sin Fronteras.
En un segundo nivel actuaba otro conglomerado de sociedades relacionadas entre sí, también valencianas, la mayoría sin actividad ni empleados que, a cambio de comisiones, retiraba en metálico buena parte del dinero facturado y lo entregaba a miembros de la FSEP. Ninguna de ellas llevó a cabo trabajo alguno. Se trata de Matuscas (196.828,11€), Macons, (73.904,68€), Conscas (59.074,73€), Cafcas (6.127,83), Chust Alzira (209.268,82€), Gestión Solar Pobla (45.382,31€), APB Construcciones (183.221,84€) y Beconsa (59.766,48€). La suma defraudada por estas 18 empresas, incluidas Avance Abogados y Apima, alcanza 1.872.278€.
Finalmente, en 2010, empezaron a surgir proveedores en EE.UU, igualmente sin capacidad ni empleados. En su mayoría empresas presididas por Julia Valdés, testaferro de Augusto César Tauroni, a través de las cuales, y gracias al dinero desviado, éste adquirió dos apartamentos de lujo en Miami. Se trata de New Castle Consulting Corporation (282.321,54€), Quinto Centenario (257.461,03€), Worlwide Human Resources (103.718,83€), Equipment Marketing and Consulting (147.100€), Desarrollo del Ecuador (276.011,47€), Worlwide Training (150.721,6€), International Human Resources (58.502,76€) y Advantia (73.751,76€).
Las ocho empresas de EE.UU. suman 1.349.588,99€ que, unidos a los de las 18 anteriores, suponen un total de 3.221.877,92€. Este es el monto que Joaquín Falomir cataloga como “salidas de fondos públicos que se consideran irregulares”.
Otros pagos dudosos
Sin embargo, el perito judicial señala otro tipo de posibles ilícitos. Entre 2009 y 2011, las bases de las convocatorias obligaron a destinar a acciones de sensibilización el 1% del dinero recibido por las ONGD. En el caso de las entidades investigadas, el grupo Ismos recibió 13.435,91€ de cinco proyectos. Y Efusion Ambient Group, 23.281,82€ de otros siete. Según Falomir, las dos empresas “no concretan la prestación por la que facturan”.
El perito también censura la falta de justificación en transferencias a otras cuentas de las ONGD por valor de 634.853,84€, el 11,2% del global subvencionado. Así como retiradas de fondos en efectivo, donde “no constan facturas ni recibís, por lo que se hace imposible determinar el destino de los fondos públicos”, por 197.934,19, el 3,49%. Son porcentajes que contrastan con las transferencias a los países en desarrollo: 585.174,16€, el 10,32%. “No resulta aceptable” que en proyectos de cooperación en
países empobrecidos “las transferencias a cuentas propias sea muy superior a las realizadas a los países de destino”. “Dicha comparación resulta contundente sobre el destino de los fondos”, acota.
“Negligencia y permisividad”
Joaquín Falomir culmina su informe con un capítulo sobre la actuación de la conselleria. “No se cuestionan ni los precios presupuestados, ni la poca concreción de las facturas proforma, ni las aportaciones valorizadas”, critica para añadir que los pagos se realizaron “con carácter generalizado a proveedores que no son los que figuran en las facturas proforma”. El perito lamenta que en algunos casos los servicios de la conselleria “no detectan los incumplimientos”, pero en otros sí y, pese a requerirse subsanaciones, se conceden las ayudas “sin que estas [las correcciones] se produzcan”.
“Es obvio que la conselleria ha actuado con negligencia y permisividad, pero además, todas las irregularidades mencionadas y la situación que se ha derivado, no hubiera sido posible sin el consentimiento, connivencia y cooperación de diversos responsables de la extinta conselleria”, resuelve Falomir y resume: “Todo el proceso, desde la gestación de las subvenciones, hasta su justificación y revisión, se encuentra controlado”. Incluso la justificación de las ayudas, “por lo que el círculo se extiende a todo el proceso y llega a cerrarse por completo”. “Ni siquiera la generalización de pagos a empresas de EE.UU. se cuestiona”, critica Falomir antes de concluir: “Estas y otras actuaciones señaladas en diversos informes y la no adopción de medidas para revocar o exigir el reintegro de las subvenciones, ha permitido llegar a la situación descrita objeto de la pericial”.
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