Caso Blasco: historias de agentes dobles y dimisiones

22 Jul Caso Blasco: historias de agentes dobles y dimisiones

El segundo juicio al caso Blasco, que se inició el pasado mes de mayo, entra esta semana en su recta final. El lunes y el martes se expondrán las pruebas periciales recabadas por los expertos de Hacienda. Y a partir del miércoles acusaciones y defensas leerán sus informes finales de conclusiones. Antes de que el juicio quede visto para sentencia, se dará la última palabra a los 24 acusados.

A todo esto le precederán este mismo lunes dos últimos testimonios, el de las técnicas Ana Tamarit y Jenny Luz Mayta. La primera fue una de las señaladas por los altos mandos de la Conselleria de Solidaritat de filtrar información a la prensa a partir de octubre de 2010, cuando el caso del desvío de dinero de Cooperación al Desarrollo a una trama corrupta llegó a los medios. Tamarit y dos compañeras fueron apartadas el 31 de diciembre de 2010. Por su parte, Mayta llegó a la Conselleria el verano de ese año a propuesta del experto en el ramo Rafael Monterde. Esta técnica pronto pasó al ámbito de confianza de Marc Llinares, jefe de área y uno de los pilares de la trama, en especial para controlar el cuerpo de becarias con el que contaba la Generalitat Valenciana en los países de destino para la elaboración de informes sobre los proyectos subvencionados.

El propio Rafael Monterde fue otro de los testigos que declaró la semana pasada. Profesor titular de la Universitat Politècnica de València, con cerca de 20 años de trabajo docente e investigador en Cooperación Internacional, Monterde llegó a la Conselleria a primeros de 2009 a instancias de la directora general Pilar Collado. Se pretendía entonces incorporar propuestas de evaluación que mejoraran la calidad de las convocatorias. Monterde se empezó a relacionar de manera más estrecha con Marc Llinares y cuando estalló la crisis a partir de las revelaciones en prensa, se sintió en tierra de nadie. En el juicio, relató al tribunal que su primer objetivo fue mantener el trabajo de evaluación iniciado en un principio con recomendaciones teóricas y después colaborando directamente junto a un grupo de profesionales de su confianza con las evaluadoras externas: primero la UTE Caaz-Broseta y después Expande, ambas con Luis Castel, otro de los principales acusados, al frente. “Queríamos evitar que nuestra labor fuera desacreditada”, apunta.

Y, en segundo lugar, “quise aprovechar la relación de confianza con Llinares para vigilar posibles irregularidades”. Por este motivo, según Monterde, inició un “compadreo” con el jefe de área a través de correos “jocosos, incluso subidos de tono”, donde le ofrecía consejos sobre cómo capear el temporal. Una actividad de “agente doble”, tal y como definieron las defensas, que llegó al clímax cuando dos de sus colaboradoras, Inmaculada Román y Estela López, constataron que algunas de sus evaluaciones para la convocatoria de 2011 habían sido modificadas de forma escandalosa. El caso se denunció a través de cartas anónimas a entidades perjudicadas y Monterde se reunió con dos periodistas. “¿Por qué no acudió a la Fiscalía?”, preguntaron las defensas, a lo que respondió: “Tuve miedo por el contexto político y social de entonces, que no es remotamente el de ahora. Había una gran sensación de indefensión y como funcionario se trataba de asumir un riesgo importante profesional y penal. No tenía suficiente fuerza personal y mi contribución llegaba hasta ahí”.

“Conseller, no firmo el acta”

Los dos testimonios más relevantes de la semana anterior fueron los de la directora general de Cooperación, Pilar Collado, y la jefa de servicio de Gestión, Amparo Ortiz. Ambas dimitieron en 2010 por su desacuerdo con la subvención de proyectos a la Fundación Solidaria Entre Pueblos (FSEP), matriz de la trama dirigida por la familia Tauroni, y sus entidades satélites: Fudersa, Ceiba, Asade, Asamanu y Esperanza Sin Fronteras (ESF).

Pilar Collado tuvo su primer contacto con la FSEP en la segunda mitad de 2009. Llinares le presentó a Maribel Castillo, la coordinadora de proyectos de la fundación, quién acudió a presentar la organización como apoyo a entidades con menos experiencia, algo que a Collado le pareció bien “porque hay oenegés pequeñas que hacen una gran labor y lo que les cuesta es avanzar en la formulación del proyecto”. Pero Collado también se percató que Castillo en realidad carecía de experiencia en cooperación y proyectos. “No me generó confianza”, apostilla. Una sensación que se agudizó durante una segunda reunión en la que aquella presentó dos informes de seguimiento de Fudersa en la República Dominicana, en dos localidades distintas, pero con idénticas fotos. “Me llamó la atención y fue motivo de discusión”, relata Collado.

Fudersa había obtenido dos proyectos en 2009 de más de 300.000€ cada uno bajo el paraguas de la FSEP. También Ceiba, una entidad sin experiencia a la que Collado dio el visto bueno “porque me dijeron que se presentaba junto a Entre Pueblos, que confundí con Entrepueblos, a la que conocía por su gran recorrido”. De hecho, la FSEP pasó a llamarse Hemisferio después que Entrepueblos denunciara la copia de su nombre. Todo ello empezó a poner sobre alerta a Pilar Collado de cara a la siguiente convocatoria, en 2010, donde Fudersa también optó a dos nuevos proyectos, además de Asamanu, ESF y Asade. En el caso de esta última, se incorporó, a instancias de la trama, Camerún como país de acción preferente en contra del criterio de Collado: concentrar la ayuda en menos países para que fuera más eficaz.

Pero la mayor tensión llegó con el intento de la propia FSEP de obtener una subvención en Paraguay pese a no cumplir con el requisito mínimo de antigüedad y contra el parecer de Collado, quien recuerda discrepancias entre las técnicas y la secretaria general, Agustina Sanjuán, otra de las acusadas, quien propuso solicitar un informe jurídico para determinar si la experiencia contaba desde la creación de la entidad o su inscripción en el registro de fundaciones. “Jamás vi ese informe”, declara Collado. El proyecto de la FSEP no fue admitido, pero sí un convenio de 415.000€ en Guinea Ecuatorial. La situación de falta de experiencia era exactamente la misma, pero la línea nominativa, sostiene Collado, “es una decisión política y no se ajusta a los requisitos de la orden [de libre concurrencia]”.

Collado expresó a Rafael Blasco sus dudas de manera informal por las numerosas irregularidades que, a su juicio, se daban en la convocatoria y que retrasaban su resolución. Finalmente, el 30 de abril de 2010, presentó su dimisión. Acababa de llegar de un viaje a Ruanda, de ver proyectos, “por lo que lo que más tenía en ese momento era determinación”. Por la noche comunicó su marcha a Blasco, quien le espetó: “¿Te has estudiado todos los proyectos y organizaciones con el mismo detalle?”, “No”, “Entonces has hecho mal”. La mañana del 30 de abril Collado redactó una carta breve de dimisión “por motivos personales”. “Quería irme cuanto antes de allí”, reconoce. Al poco fue nombrada directora general de Turismo Interior.

“Cuidado, no te cuelen el lío de unos pisos”

Amparo Ortiz relata vicisitudes muy similares a las de Pilar Collado. Entre sus labores como jefa de servicio de Gestión estaba constatar que los proyectos cumplían los requisitos administrativos básicos: si faltaba documentación o si contaban con la experiencia mínima o el requisito de tiempo de constitución que exigía la convocatoria. De eso mismo carecía la FSEP para su proyecto en Paraguay, por lo que Ortiz decidió no enviarlo a la evaluadora externa, algo que finalmente sí que hizo Llinares en contra de su criterio y el de Collado. Según Ortiz, en aquella convocatoria se aprobaron otros a entidades cuya capacidad para llevarlos a cabo era cuestionable, tales como ESF, Asade o Fudersa, “con importes desproporcionados para el contenido de los mismos o proyectos dobles, prácticamente iguales”.

“Deducía que del interés de Llinares por ciertas entidades había en realidad un interés del conseller”, prosigue. De hecho, en una ocasión, Llinares, con un listado en la mano, se interesó por diversas entidades y preguntó por los técnicos que llevaban sus expedientes porque así se lo habían pedido desde el gabinete del conseller. “Llinares era informático, no tenía ni idea de gestión administrativa ni de Cooperación”, explica Ortiz, y añade: “Además, no era de la confianza de Collado”.

Por otro lado, cuando Collado comunicó a Ortiz que abandonaba la Conselleria, le advirtió: “Ten cuidado no te cuelen un expediente con el lío de unos pisos aprovechando que te vas”. Ortiz se refería a los dos pisos, el entresuelo y el garaje que la Fundación Cyes compró en Valencia con el dinero recibido en 2008 para dos subvenciones de 1,7 millones a Nicaragua, de los que apenas llegaron 43.000€ a su destino. Este desvío se sustanció durante el primer juicio del caso Blasco, entre enero y marzo de 2014, que acabó con la condena e ingreso en prisión, entre otros, del propio ex conseller y su socio Augusto Tauroni.

Por último, Collado no firmó papel alguno y dimitió el 30 de abril. Le siguió Amparo Ortiz dos meses después tras rubricar el acta que otorgaba la subvención de siete proyectos, por un importe total de 2,5 millones, a las entidades de la trama. “La noche anterior la pasé vomitando”, reconoce Ortiz, cuya condición de funcionaria dificultaba una dimisión previa. Tras su marcha, se incorporó a la Abogacía de la Generalitat.